Según el ministro, "Todos los temas relativos a separación, divorcio y a tutela de menores, exigen una mejora en la agilización de la justicia, procedimientos y mecanismos de coordinación entre jueces, fiscales, asesores, técnicos, psicopedagogos, y entre todos los que intervienen en el proceso, para no dilatar innecesariamente estos procesos".

Su intención es impulsar la nueva reforma a partir del próximo otoño, y establecer un plazo máximo para resolver estos procesos de dos o tres meses, cuando ahora se sitúan en año y medio o dos años.

Figura del conciliador

Asimismo, el ministro destacó que apostará por crear "la figura del conciliador en materia de familia, es decir, una persona experta en los problemas que suscita la ruptura de la convivencia matrimonial, que en la medida de lo posible ayude a que esos procesos de ruptura entren por cauces de diálogo, y sensatez".

Esa figura del conciliador en el ámbito familiar "puede ser un instrumento importante para evitar algunos de los conflictos excesivos que se producen en el ámbito familiar", aseguró Michavila, quien dijo que la reforma se debatirá con grupos parlamentarios, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, abogados y fiscales.

Michavila destacó el éxito conseguido por los juicios de familia en materia penal. "Llevamos tres meses de juicios rápidos y se han resuelto 45.000 asuntos, dictándose la sentencia en 72 horas o en 15 días, y antes tardaban 12 a 15 meses en resolverse o en no resolverse nunca porque el delincuente ni siquiera aparecía".